¿Son suficientes las ayudas públicas a la dependencia?

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¿Son suficientes las ayudas públicas a la dependencia?

En diciembre de 2006 se aprobó la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Tras diez años de funcionamiento, su desarrollo sigue presentando muchos problemas y, en la actualidad, muchos ciudadanos con Parkinson o Alzheimer, por ejemplo, o aquellos con problemas de salud que no pueden desenvolverse en las actividades de la vida diaria, siguen  esperando un servicio o prestación, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La realidad en datos

A día de hoy, el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del SAAD, aun cuando tiene reconocido el derecho de acceso a las mismas. Por tanto, hay 348.309 personas y familiares afectados por los defectos del sistema.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en los últimos cinco años 150.000 personas han fallecido sin haber llegado a recibir la medicina, prestación o servicio que les reconocía el sistema.

Uno de los graves problemas es el de la financiación. Las prestaciones y servicios realizadas durante 2016 tuvieron un coste de 7.116 millones de euros, de los que las administraciones aportaron 5.670 millones. El resto lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supone un 20%.

Las aportaciones de la administración debían repartirse al 50% entre administración central y administraciones autonómicas y locales, pero la realidad es que, cerca del 80%, lo ponen estas últimas.

Por otra parte, las competencias en esta materia dependen de las Comunidades Autonómicas y de las administraciones locales, con lo que existen en realidad 17 sistemas de atención a la dependencia, muy dispares entre sí, y con grandes diferencias en cuanto a plazos y valoraciones de los dependientes.

¿El ciudadano el más perjudicado?

Al final, el ciudadano es el que más afectado se ve. El Gobierno incumple la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, que regula la jurisdicción social, e impide que los asuntos en materia de dependencia se instruyan por lo Social. De este modo, las personas dependientes y sus familiares se ven obligadas a reclamar sus derechos vulnerados en la jurisdicción contencioso-administrativa, que son mucho más lentos, más caros, más complicados y con menos garantías.

Por otra parte, las distintas plataformas en defensa de la Ley de Dependencia han denunciado las insuficientes ayudas que se están otorgando a personas con alto grado de dependencia, lo que hace que los cuidadores familiares se vean abocados a situaciones difíciles en el cuidado de sus familiares.

En un contexto de contención de gasto en las administraciones, no parece que la situación vaya a cambiar mucho en los próximos años, de manera que muchas familias enfrentadas a la enfermedad se están planteando la contratación de seguros privados, que puedan suponer un alivio para situaciones de dependencia futuras.

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